El Concello baraja deshacerse de patrimonio público para pagar los 3,8 millones de Monte Faro

 

MARIA DEZA, CONCELLEIRA DE TURISMO CON SU PERFIL DE FACEBOOK

El Concello baraja deshacerse de patrimonio público para pagar los 3,8 millones de Monte Faro

Monte Faro iba a acoger una macrourbanización. 

La concejala de Urbanismo, María Deza, no daba ayer por concluido el proceso judicial iniciado por las promotoras del SU 13, en Monte Faro, para recuperar los 3,8 millones de euros que en su día aportaron al Concello. 

Deza explicó que el gabinete jurídico del Concello se opuso, en tiempo y forma, al requerimiento realizado por las promotoras de ejecución de la sentencia. Lo hizo porque la tramitación judicial no concluyó. Y es que la administración local presentó un recurso de amparo ante el TSXG tras conocer la decisión del juzgado de Pontevedra de desestimar la petición de revisión formulada por el Concello. 

“Estamos espectantes”, explicaba ayer María Deza, que parecía albergar todavía una mínima esperanza de que los tribunales “salven” al Concello de tener que hacer frente a la millonaria devolución. 

Sin embargo, y poniéndose en lo peor, la concejala de Urbanismo reconocía que el grupo de gobierno ha abordado este tema en más de una ocasión y que “se barajan alternativas” para poder hacer frente a la sentencia. 

“Teniendo en cuenta que el dinero que se percibió de las promotras de Monte Faro se destinó a la adquisición de patrimonio público, de suelo, sería lógico que la solución pasase por lo mismo, por deshacernos de patrimonio para poder solventar esta situación”. La titular de Urbanismo fue contundente al asegurar que de la “capacidad presupuestaria del Concello no va a salir”. 

Las tres promotoras de Monte Faro cuentan ya con una sentencia firme que condena al Concello a la devolución de los 3,8 millones, toda vez que entiende que el desembolso de esa cantidad correspondía a una exención de construcción de vivienda pública y no a una cesión voluntaria, como defiende el Concello, amparándose en informes municipales. 

La aclaración de estos dos puntos de vistas distantes se retrotrae al año 2009, fecha en la que las promotoras recurren por primera vez al juzgado al no conseguir que sus pretensiones sean atendidas por vía administrativa. 

Sin embargo, la resolución de este tema parece estar cerca al restar, únicamente, el posicionamiento al respecto del TSXG. Luego será el momento de buscar financiación o alternativas.