LA OPOSICIÓN SE REBOTA POR LA POSIBLE QUIEBRA DEL AYUNTAMIENTO

La sentencia del SU 13 deja al Concello al borde de la quiebra, según la oposición, que pide “dimisiones”
A. B. > SANXENXO DIARIO DE AROUSA

Martín y Catalina González, en la presentación de ésta como candidata.

El Auto dictado por la titular de la sala número 3 del Juzgado Contencioso-Administrativo de Pontevedra, que convierte en firme la sentencia del mes de mayo que obliga al Concello a devolver los 3,8 millones a las promotoras del SU 13 en Monte Faro, suscitó ayer una profunda preocupación entre los grupos de la oposición. Tanto PSOE, como BNG y SAL coincidían en solicitar “dimisiones” derivadas de las consecuencias de una gestión urbanística “nefasta” que ya tiene efectos directos en la administración local.
Aunque la sentencia es firme, el Concello insiste en agotar la vía judicial a través de la presentación de un recurso de queja, ya que según aseguran la notificación al procurador no siguió los cauces adecuados, y otro de revisión. Ambos serán estudiados por la sala número tres del Contencioso-Administrativo de Pontevedra, que ya en dos ocasiones se pronunció en contra de los intereses del Concello.
Con todo, y a pesar de que el recurso a la sentencia de mayo no llegó ni a ser estudiado por la jueza al no haber presentado el Concello el escrito de personamiento en tiempo, la administración local tiene previsto renovar el convenio de colaboración que tiene firmado con el gabinete de Narbón, encargado de la defensa de este caso. Desde el Consistorio apuntan que “se trata de un proceso iniciado en 2009, sentenciado en mayo en contra del Concello y que esto último era un recurso a una sentencia desfavorable”.
Para los portavoces de los tres grupos de la oposición la cosa no es tan sencilla. Todos coinciden en la imposibilidad de que la administración local pueda hacer frente al pago de los 3,8 millones de euros, por falta de liquidez, así como que “alguien” debería asumir la responsabilidad “jurídico-política de haber llevado al Concello a la bancarrota”.

Postura del PSOE > El PSOE apunta directamente a la alcaldesa de Sanxenxo como única responsable de la política de urbanismo desarrollada en la localidad y dice que la ha llevado a una “situación insostenible”.
Dulcinea Aguín afirma que si Catalina González tuviese “decencia política, dimitiría” y se iría a casa junto al actual gerente de Urbanismo y la concejala, “porque todos ellos han propiciado la situación en la que se encuentra el Concello”.
Para la portavoz socialista confluyen además en este tema otros intereses, ya que insiste en la inconveniencia de contratar gabinetes jurídicos externos, “amigos del PP, que facturan ingentes cantidades y que suponen una burla a todos los vecinos”.
Recuerdan desde el PSOE las cuantiosas pérdidas que acumulan la Xerencia de Urbanismo, “480.000 euros en 2010 y más de 600.000 en 2011, a lo que hay que sumar los más de 600.000 euros en gabinetes jurídicos y el grupo de gobierno continúa hipotecando el futuro sin ningún tipo de iniciativa”.
En la misma línea se manifiestan desde SAL, que tachan la sentencia como “gravísima” y advierten que pedirán dimisiones a la vez que esperan que “alguien de la cara por todo esto que está pasando”.
Para el portavoz del BNG no hay un único responsable de lo que ha ocurrido y, al margen de la cuestión puramente urbanística, David Otero pide explicaciones, entre otros, a José Luis Rodríguez, portavoz de VIPS, que cree que “terá que explicar como é que lle deu o seu apoio a quen provocou toda esta situación, que non lle é allea e porque respaldou a quen non ten responsabilidade para estar no grupo de goberno”.