PONTEVEDRA
Una sentencia del Supremo pone en jaque la ciudad deportiva de Sanxenxo
Los terrenos podría verse afectados por un fallo sobre el SU-5, al que están vinculados por un convenio urbanístico
R. FONTOIRA
sanxenxo / la voz 10 de julio de 2012 04:55
DAVID OTERO, LIDER BNG SANXENXO
Si hace una semana fue el líder de VIPS y concejal de Medio Ambiente, José Luis Rodríguez, quien aireó las desconocidas cargas hipotecarias a las que está sujeto el suelo de la ciudad deportiva; ayer fue el BNG de Sanxenxo quien tomó la iniciativa para desvelar unas novedades que, lejos de poner fin al asunto, avivan el debate sobre lo que Rodríguez denominó un «pelotazo urbanístico».
Se trata de una sentencia del Tribunal Supremo -publicada el 15 de julio- en la que se desestima el recurso de tasación del Suelo Urbanizable número 5 (SU 5). La instancia judicial ratifica así una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del 2008 en la que se declara «incompetente» a la Xunta de Goberno que aprobó los desarrollos urbanísticos autorizados el 20 de octubre del 2005. Una fecha en la que el gobierno de Telmo Martín rubricó 24 proyectos a espaldas del resto de agrupaciones.
Sin embargo, el varapalo para el Concello puede ir más allá, ya que el SU 5 está vinculado al convenio en el que se arregló la cesión de los terrenos de la ciudad deportiva; un acuerdo que, según el portavoz del BNG, David Otero, puede «quedar anulado». «O compromiso do Concello foi aprobar o plan urbanístico para a construción dun hipermercado e vivendas no SU 5, a cambio dos terreos onde levantar as infraestructuras deportivas», detalló Otero.
Desde las filas nacionalistas apuntan que el Concello ya da «por perdida» la parcela de la ciudad deportiva, por lo que solicitaron al gobierno una certificación de las cantidades invertidas en ese proyecto.
«Esto é un suma e segue», indicaba el portavoz, que calificó de «espoleo» la actitud de los sucesivos gobiernos populares. Y para dar peso a su aseveración, desgranó los datos referentes a indemnizaciones que el Concello tendrá que asumir a raíz de sentencias desfavorables en materia urbanística. Un saco roto del que se da cuenta en los presupuestos de este año, ya que se destina una partida de «1 millón de euros». No obstante, para la oposición no es más que «a punta do iceberg».
«Fixemos unha valoración aproximada das cantidades indemnizatorias que constan a día de hoxe», anunciaba Otero, antes de enumerar varios casos que suman unos «12 millóns de euros». «Debemos recordar os 3,8 millóns de Montefaro, os chalés de Dorrón, os apartamentos en Montalvo, o edificio que hai que derrubar na rúa Progreso, ademais de outras sentenzas que aínda penden dun fío», señaló.
El gobierno tendrá que «afrontar esas indemnizacións a través da venta de patrimonio público», indicó el portavoz nacionalista, que fue tajante a la hora de valorar la gravedad del asunto: «Isto terá consecuencias a outros niveis xudiciais, porque aquí hai suficientes indicios de delicto para que a fiscalía leve a cabo unha investigación a fondo».
Además, Otero arremetió contra el gabinete judicial que trabaja para el Concello. «Está claro que non está a altura -aseguró- porque o goberno que temos nin sequera coñecía o xoves pasado a sentencia do 15 de xuño».
Asimismo, puso en entredicho la efectividad de este organismo, recordando «que non se pudo recurrir o caso do SU 13 porque o procurador non realizou os trámites a tempo».
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